CtIDH – “CORTE INTERAMERICANA EMITE OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE NIÑEZ MIGRANTE”

San José, Costa Rica, 10 de septiembre de 2014.- La Corte Interamericana de
Derechos Humanos notificó el día de hoy la Opinión Consultiva OC-21/14 sobre
‘‘Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en
necesidad de protección internacional’’. Esta Opinión Consultiva fue emitida el 19
de agosto de 2014 y responde a una solicitud presentada el 7 de julio de 2011 por
los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Al emitir esta Opinión Consultiva sobre los ‘‘derechos y garantías de niñas y niños
en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional’’ la
Corte Interamericana entendió que su respuesta a la consulta planteada prestaría
una utilidad concreta dentro de una realidad regional en la cual aspectos sobre las
obligaciones estatales en cuanto a niñez migrante no han sido establecidas de
forma clara y sistemática, a partir de la interpretación de las normas relevantes.
Mediante esta Opinión Consultiva sobre niñez migrante la Corte Interamericana
realizó una interpretación de diversos artículos de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

De esta manera, determinó con la mayor precisión posible y de conformidad con las
normas mencionadas, las obligaciones estatales respecto de niñas y niños,
asociadas a su condición migratoria o a la de sus padres. En consecuencia,
determinó que los Estados deben considerar estas obligaciones estatales al diseñar,
adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, según
corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de
derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u
otros instrumentos internacionales.

De manera particular, en la mencionada Opinión Consultiva la Corte Interamericana
precisó las siguientes obligaciones estatales:

- Teniendo presente, a estos efectos, que es niña o niño toda persona menor
de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos
humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal
los derechos de niñas y niños y, en particular, su protección y desarrollo
integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la
nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de
sus derechos.

- Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños
extranjeros que requieren de protección internacional dentro de sus
jurisdicciones, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad
y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e
individualizado que sea necesario acorde a su condición de niña o niño y, en
caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su
nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información
sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar
si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que
evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; y
adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés
superior de la niña o del niño, medidas de protección especial.

- Con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de
igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés
superior de la niña o del niño haya sido una consideración primordial en
todas las decisiones que se adopten, los Estados deben garantizar que los
procesos administrativos o judiciales en los que se resuelva acerca de
derechos de las niñas o niños migrantes estén adaptados a sus necesidades
y sean accesibles para ellos.

- Las garantías de debido proceso que, conforme al derecho internacional de
los derechos humanos, deben regir en todo proceso migratorio, sea
administrativo o judicial, que involucre a niñas o niños son: el derecho a ser
notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se
adopte en el marco del proceso migratorio; el derecho a que los procesos
migratorios sean llevados por un funcionario o juez especializado; el derecho
a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales; el derecho a ser
asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; el acceso efectivo a
la comunicación y asistencia consular; el derecho a ser asistido por un
representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante; el
deber de designar a un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o
separados; el derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés
superior de la niña o del niño y sea debidamente fundamentada; el derecho
a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos
suspensivos; y el plazo razonable de duración del proceso.

- Los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños
para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden
fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar
y permanecer en un país, en el hecho de que la niña o el niño se encuentre
solo o separado de su familia, o en la finalidad de asegurar la unidad
familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos
lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los
derechos de la niña o del niño.

- Los Estados deben diseñar e incorporar en sus respectivos ordenamientos
internos un conjunto de medidas no privativas de libertad a ser aplicadas
mientras se desarrollan los procesos migratorios, que propendan de forma
prioritaria a la protección integral de los derechos de la niña o del niño, con
estricto respeto de sus derechos humanos y al principio de legalidad, y las
decisiones que ordenen dichas medidas deben adoptarse por una autoridad
administrativa o judicial competente en un procedimiento que respete
determinadas garantías mínimas.

- Los espacios de alojamiento deben respetar el principio de separación y el
derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas o niños no
acompañados o separados deben alojarse en sitios distintos al que
corresponde a los adultos y, si se trata de niñas o niños acompañados,
alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación
en aplicación del principio del interés superior de la niña o del niño y,
además, asegurar condiciones materiales y un régimen adecuado para las
niñas y los niños en un ambiente no privativo de libertad.

- En situaciones de restricción de libertad personal que pueden constituir o
eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en concreto, en una
medida que materialmente se corresponda a una privación de libertad, los
Estados deben respetar las garantías que se tornan operativas ante dichassituaciones.

- Los Estados tienen la prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar,
rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o
remover a una niña o niño a un Estado cuando su vida, seguridad y/o
libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la
misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos
humanos, entre otros, así como donde corra el riesgo de ser sometido a
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un tercer
Estado desde el cual pueda ser enviado a uno en el cual pueda correr dichos
riesgos.

- De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y
otras normas de protección de los derechos humanos, cualquier decisión
sobre la devolución de una niña o niño al país de origen o a un tercer país
seguro sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior,
teniendo en cuenta que el riesgo de vulneración de sus derechos humanos
puede adquirir manifestaciones particulares y específicas en razón de la
edad.

- La obligación estatal de establecer y seguir procedimientos justos y
eficientes para poder identificar a los potenciales solicitantes de asilo y
determinar la condición de refugiado a través de un análisis adecuado e
individualizado de las peticiones con las correspondientes garantías, debe
incorporar los componentes específicos desarrollados a la luz de la
protección integral debida a todos las niñas y niños, aplicando a cabalidad
los principios rectores y, en especial, lo referente al interés superior de la
niña o del niño y su participación.

- Cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la
separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de
uno o ambos progenitores debe emplear un análisis de ponderación, que
contemple las circunstancias particulares del caso concreto y garantice una
decisión individual, priorizando en cada caso el interés superior de la niña o
del niño. En aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho a la
nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden ser
expulsados, o bien cumple con las condiciones legales para residir
permanentemente allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos
progenitores por infracciones migratorias de carácter administrativo, pues se
sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida familiar de la
niña o del niño.

- En atención a que las obligaciones determinadas precedentemente se
refieren a un tema tan propio, complejo y cambiante de la época actual,
ellas deben ser entendidas como parte del desarrollo progresivo del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, proceso en el que,
consecuentemente, esta Opinión Consultiva se inserta.

La posibilidad de emitir Opiniones Consultivas es parte de la función consultiva de
la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Convención
Americana y los artículos 70 a 75 del Reglamento de la Corte.

En virtud de esta función la Corte responde a consultas que formulan los Estados miembros de la  OEA o los órganos de la misma acerca de: i) la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana, y b) la interpretación de la Convención o de los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.

En el ejercicio de esta función la Corte Interamericana ha examinado
diversos temas relevantes que han permitido esclarecer diversas cuestiones del
derecho internacional americano vinculadas a la Convención Americana, entre
otras: restricciones a la pena de muerte; la colegiación obligatoria de periodistas, y
el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías
del debido proceso legal, condición jurídica y de los derechos de los migrantes
indocumentados.

Fonte: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_19_14.pdf

ONU – “Iraqi civilians suffering ‘horrific’ persecution, ethnic cleansing – UN rights chief”

The United Nations human rights chief today condemned the appalling and horrific crimes against humanity being committed daily in Iraq by the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) and associated armed groups.

“[ISIL] is systematically targeting men, women and children based on their ethnic, religious or sectarian affiliation and is ruthlessly carrying out widespread ethnic and religious cleansing in the areas under its control,” said UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, in a statement to the press.

The violations include targeted killings, forced conversions, abductions, trafficking, slavery, sexual abuse, destruction of places of religious and cultural significance, and the besieging of entire communities because of ethnic, religious or sectarian affiliation.

Ms. Pillay said among those directly targeted have been Christians, Yezidi, Shabaks, Turkomen, Kaka’e and Sabaeans.

In Nineveh Governorate, hundreds of mostly Yezidi individuals were reported killed and up to 2,500 kidnapped at the beginning of August. Of those who refused to convert, witnesses report that the men were executed while the women and their children were handed over to ISIL fighters as slaves.

Similarly, in Cotcho village in Southern Sinjar, ISIL killed and abducted hundreds of Yezidis on 15 August. Reports indicate, again, that the male villagers were killed while women and children were taken away to unknown locations.

“UN staff members in Iraq have been receiving harrowing phone calls from besieged civilians who are surviving in terrible conditions, with little or no access to humanitarian aid,” Ms. Pillay said. “One of the women abducted by ISIL managed to call our staff, and told them that her teenage son and daughter were among the many who had been raped and sexually assaulted by IS gunmen. Another said her son had been raped at a checkpoint.”

At least 13,000 members of the Shia Turkmen community in Amirli in Salah al-Din Governorate, among them 10,000 women and children, have been besieged by ISIL since 15 June. Residents are enduring harsh conditions with severe food and water shortages, and a complete absence of medical services – and there are fears of a possible imminent massacre, said Ms. Pillay.

“The Government of Iraq and the Kurdistan region of Iraq, and the international community must take all necessary measures and spare no effort to protect members of ethnic and religious communities, who are particularly vulnerable, and to secure their return to their places of origin in safety and dignity,” said the High Commissioner.

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The effect of the ongoing conflict on children is catastrophic, she said. According to interviews by UN human rights monitors with displaced families, ISIL is forcibly recruiting boys aged 15 and above. ISIL has also reportedly been deliberately positioning the boys at the front-line in battle situations, as human shields.

The Human Rights Office of the UN Assistance Mission for Iraq has also verified reports of a massacre of prisoners and detainees in Mosul’s Badoush Prison on 10 June. According to interviews with 20 survivors and 16 witnesses of the massacre, ISIL gunmen loaded between 1,000 and 1,500 prisoners onto trucks and transported them to a nearby uninhabited area, Ms. Pillay said.

There, armed men asked the Sunnis to separate themselves from the others. Around 100 prisoners who joined the Sunni group were suspected by ISIL not to be Sunni and were subjected to individual checks based on how they prayed and their place of origin. Sunni inmates were ordered back on the trucks and left the scene. ISIL gunmen then yelled insults at the remaining prisoners, lined them up in four rows, ordered them to kneel and opened fire. Up to 670 prisoners were reportedly killed.

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“Such cold-blooded, systematic and intentional killings of civilians, after singling them out for their religious affiliation may amount to war crimes and crimes against humanity,” Ms. Pillay said.

“I urge the international community to ensure that the perpetrators of these vicious crimes do not enjoy impunity. Any individual committing, or assisting in the commission of international crimes, must be held accountable according to law.”

Fonte: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48551#.U_zRT_ldVBu

CtIDH – “Importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

Publicado em 13/08/2013

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de derechos de Monterrey entrevista a Pablo Saavedra, Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana sobre la importancia y trascendencia de la misma.

ONU – “UN Rights Council appoints members of commission to investigate purported Gaza violations”

The United Nations Human Rights Council announced today the appointment of three members to its independent Commission of Inquiry to investigate purported violations of international humanitarian and human rights laws in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and particularly in the Gaza Strip since the conflict began on 13 June.

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In a statement released this afternoon, the Council’s President, Ambassador Baudelaire Ndong Ella (Gabon), announced that the human rights body appointed Amal Alamuddin (United Kingdom), Doudou Diène (Senegal) and William Schabas (Canada) to serve as members on the international Commission. Mr. Schabas will also serve as the Commission’s Chair.

The Commission aims to establish the facts and circumstances of violations and crimes perpetrated and to identify those responsible. It will also make recommendations, in particular on accountability measures, all with a view to avoiding and ending impunity and ensuring that those responsible are held accountable, and on ways to protect civilians against any further assaults.

At least 1,948 Palestinians, the majority of them civilians, have been killed in the conflict, along with 67 Israelis, according to figures cited by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

In addition, some 425,000 people are seeking shelter either in UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) facilities, government shelters or with host families.

Around 11,855 housing units in Gaza have been destroyed or severely damaged by Israeli attacks, and another 36,000 have suffered damage, according to OCHA.

The Council had decided- by a vote of 29 countries in favour, with 17 abstentions and a sole negative vote by the United States- to launch the inquiry at its emergency meeting on 23 July.

The same resolution requested that the Commission present a written report to the Human Rights Council at its session in March 2015.

Appointed to the Commission today is Ms. Alamuddin, a London-based British-Lebanese lawyer, specialising in international law and human rights. She has worked at the International Court of Justice (ICJ) and as legal adviser to the Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon.

Mr. Diène was the United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, xenophobia and related intolerance from 2002 to 2008. He also served as Independent Expert on the situation of human rights in Côte d’Ivoire from 2011 to 2014.

Ms. Schabas, a professor of international criminal law and human rights, served on the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission until 2004. Mr. Schabas was also a member of the United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation in Human Rights.

Fonte: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48459#.U-oPz_ldVBs

Nota do Governo Brasileiro sobre o conflito entre Israel e Palestina

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Nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil

nº 168

23/07/2014 -

O Governo brasileiro considera inaceitável a escalada da violência entre Israel e Palestina. Condenamos energicamente o uso desproporcional da força por Israel na Faixa de Gaza, do qual resultou elevado número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças.

O Governo brasileiro reitera seu chamado a um imediato cessar-fogo entre as partes.

Diante da gravidade da situação, o Governo brasileiro votou favoravelmente a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre o tema, adotada no dia de hoje.

Além disso, o Embaixador do Brasil em Tel Aviv foi chamado a Brasília para consultas

ONU – “Comunidade Internacional debate conflito em Gaza e Israel”

Publicado em 23/07/2014

“Não somos números. Somos seres humanos”, disse Riyad Mansour, observador permanente da Palestina junto às Nações Unidas, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre as mortes em Gaza. O vice-representante de Israel na ONU, David Yitshak Roet, disse que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, deveria “dissolver a unidade de governo” da Palestina.

“Estes são os rostos humanos de nossas vítimas”, acrescentou Mansour, mostrando fotos das crianças palestinas mortas e feridas no conflito — até esta quarta-feira (23), mais de 160 crianças palestinas haviam sido assassinadas, com pelo menos 1.100 feridas, segundo o UNICEF.

Por videoconferência, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon — que está visitando diversos países na região –, afirmou: “Um cessar-fogo é essencial, mas se não enfrentarmos as questões mais profundas, nós nunca resolveremos o problema. Nós só iremos postergá-lo para um outro momento”.

Em Genebra, o Conselho de Direitos Humanos da ONU fez uma reunião emergencial sobre o tema. A chefe de direitos humanos da ONU, Navi Pillay, alertou para potenciais crimes de guerra e contra a humanidade que estão sendo cometidos.

Assista nesta matéria especial da ONU e saiba mais em http://www.onu.org.br/especial/gaza

ONU – “Israel agrees to ‘humanitarian pause’ in war-torn Gaza Strip, UN envoy confirms”

After days of escalating violence and follow-on civilian suffering in the Gaza Strip, the United Nations special envoy for the Middle East confirmed today that Israel has agreed to a five hour humanitarian pause – set to begin tomorrow morning – and repeated his call on Hamas to respect the lull “in the interest of the people of Gaza.”

In a statement issued by his spokesperson in Jerusalem, Robert Serry UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process confirmed that the Government of Israel agreed the five hour humanitarian pause, which will start at tomorrow at 10:00 a.m., local time and end at 3:00 p.m.

“Mr. Serry appreciates this Israeli decision and repeats his call on Hamas and other factions to respect the humanitarian pause from their side, in the interest of the people of Gaza,” said the statement.

It goes on to say that Mr. Serry reiterates the importance of arriving at a durable ceasefire understanding, also addressing underlying issues in Gaza, as soon as possible. “The United Nations, together with other international actors, will continue to support efforts in this regard,” the statement concluded.

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This news comes as media reports suggest that Israel previously had agreed to a pause for several hours Tuesday after Egypt put forward a cease-fire proposal that subsequently collapsed.

Israeli-Palestinian violence has flared ago in the wake of the kidnapping and murder of three Israeli teenagers in the West Bank in late June and the subsequent kidnapping and killing of a Palestinian teenager from East Jerusalem earlier this month.

And with militants in Gaza stepping up rocket attacks against Israel, and Israeli airstrikes on the enclave intensifying, Secretary-General Ban Ki Moon and a host of other senior UN officials, as well as the members of the Security Council, have repeatedly urged all actors to exercise maximum restraint and avoid further civilian casualties and overall destabilization.

Meanwhile, earlier today, the UN Emergency Relief Coordinator reminded both Israelis and Palestinians of their obligations under international law to protect civilians and to distinguish between military and civilian targets, as she warned that innocent men, women and children continue to bear the brunt of the deadly violence that has engulfed the region.

Extremely concerned by the escalation of hostilities and its impact on civilians, Valerie Amos, in a statement issued by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), which she heads, said that according to preliminary estimates, as of 15 July, 194 Palestinians had been killed by Israeli attacks, including 149 civilians.

Ms. Amos said that hundreds of homes have been directly targeted by Israeli airstrikes, many of which were allegedly the residences of members of armed groups. More than 1,300 families have been forced to seek shelter with relatives and neighbours. Nearly 80 schools have been damaged because of their proximity to targeted sites. In one incident, an Israeli airstrike killed 18 people in one house, including six children and three women.

Public services have been suspended and the water supply is at risk after two maintenance engineers were killed by an Israeli missile, she added.

“Armed groups are firing rockets from residential areas in Gaza towards populated areas in Israel, reportedly killing one civilian so far and putting at risk the lives of thousands more, both Israeli and Palestinian,” Ms Amos said, and underscored: “Sustained bombardment is terrifying for everyone but particularly for children, who will need psycho-social support long after the violence subsides.”

She went on to remind the parties to conflict that they have responsibilities under international humanitarian law, emphasizing that “they must take precautions to protect civilians and must distinguish between civilian and military targets.”

“This is the third major military confrontation in Gaza in six years, and civilians have borne the brunt each time. They are paying the price for a collective failure to break the cycle of violence and reach a lasting political solution,” declared Ms. Amos.

Fonte: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48284#.U8fX4fldVBs